El Pleno sostuvo que, tras la reforma constitucional de 2024, los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derecho público, por lo que el ejercicio de sus derechos colectivos exige acreditar la representación conforme a sus propios sistemas normativos.
🌱 La Suprema Corte distinguió entre la autoadscripción, como reconocimiento individual de pertenencia, y la representación colectiva, que implica actuar en nombre del pueblo. En este contexto, las personas juzgadoras deben analizar las pruebas con enfoque intercultural, valorar integralmente los indicios sobre la organización comunitaria y evitar exigir formalidades ajenas a sus usos y costumbres; en caso de duda, deberán solicitar mayores elementos probatorios.
⚖️ En el caso, una persona promovió amparo contra la falta de consulta a un pueblo originario en una iniciativa para prohibir espectáculos con animales, pero no se le reconoció como representante de la comunidad. La Corte resolvió que hubo un análisis insuficiente: la persona juzgadora debe revisar mejor las pruebas e incluso recabar más elementos antes de negar la representación.
📑 Recurso de Queja 12/2025.