La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inhabilitó a la C. María Esther Barrios Cabrera, así como a las empresas Gvicoa S.A. de C.V., Comercializadora Svr, S.A. de C.V., y…
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno | 20 de febrero de 2026 | Comunicado
Comunicado no. 018
Ciudad de México, a 20 de febrero de 2026
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inhabilitó a la C. María Esther Barrios Cabrera, así como a las empresas Gvicoa S.A. de C.V., Comercializadora Svr, S.A. de C.V., y Comercializadora Milenio, S.A. de C.V., para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.
En el caso de Barrios Cabrera, se le impuso una multa de 643 mil 188 pesos y una inhabilitación por 1 año, debido a que proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-50-GYR019-N-350-2023, para la contratación del “Servicio de recolección, transporte externo, lavado, planchado, doblado, emplayado o empaquetado y entrega de ropa limpia hospitalaria propiedad del IMSS en OOAD y UMAE para el ejercicio 2024”; contenida en una constancia de no inconveniencia ambiental. La notificación de la sanción fue realizada el 9 de febrero de 2026.
Respecto a la empresa Gvicoa S.A. de C.V., se le sancionó con una multa de 745 mil 705 pesos y una inhabilitación por 1 año con 3 meses, porque proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio número LA-50GYR998-E13-2022, para la contratación del “Servicio Médico Integral para centros de excelencia oftalmológica”; consistente en un oficio supuestamente emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el que se indica que el Microscopio especular Tomey, no requiere registro sanitario. La notificación de la sanción fue realizada el 10 de febrero de 2026.
Por lo que hace a Comercializadora Svr, S.A. de C.V., se le impuso una multa de 555 mil 644 pesos y una inhabilitación por 1 año, toda vez que proporcionó información falsa al participar en la Adjudicación Directa número AA-050GYR026-E5-2022 para la “Adquisición de material terapéutico y de curación, grupos 010, 030, 040, 060 y 080”; contenida en una carta de apoyo, aparentemente emitida a su favor. La notificación de la sanción fue realizada el 11 de febrero de 2026.
Finalmente, a Comercializadora Milenio, S.A. de C.V., se le penalizó con una multa de 134 mil 430 pesos y una inhabilitación por 1 año con 3 meses, debido a que proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica número LA-50GYR047-E6-2021, para la “Adquisición de tiras reactivas para la determinación cuantitativa de Colesterol para la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel y la Coordinación de Atención Integral a la Salud del Programa IMSS Bienestar”; consistente en dos comprobantes con los que pretendió acreditar la prórroga de la modificación de dos registros sanitarios. La notificación de la sanción fue realizada el 6 de febrero de 2026.
Las sanciones aparecen publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, las referidas personas ya fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.
Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Las personas tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas y, dado el caso, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.
Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias.