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Comunicado de la Cámara Minera de Mexico

Feb 5, 2026

El sector minero alza la voz por la vida de nuestros compañeros mineros privados de la libertad, la seguridad, y el Estado de Derecho en las regiones mineras

Ciudad de México, a 4 de febrero de 2026. Las organizaciones que integramos el sector minero nacional expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad de diez ingenieros y personal técnico vinculados a actividades mineras en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Pedimos la aparición con vida de:

José Ángel Hernández Vélez

Francisco Antonio Esparza Yañez

José Manuel Castañeda Hernández

Saúl Alberto Ochoa Pérez

Antonio de la O Valdez

Ignacio Aurelio Salazar Flores

José Antonio Jiménez Nevárez

Javier Emilio Valdez Valenzuela

Javier Guillermo Vargas Valle

Miguel Tapia Rayón

Nos solidarizamos plenamente con sus familias, colegas y comunidades, y reiteramos que cada persona que trabaja en la minería merece condiciones de seguridad y dignidad para desempeñar su

Este lamentable hecho no es aislado. La inseguridad que enfrentamos diversos sectores en las regiones mineras se ha convertido en un riesgo permanente.

La minería formal que aporta bienestar económico y desarrollo social a más de 696 comunidades en el país, rechaza categóricamente cualquier acusación de vínculo con la delincuencia organizada; por el contrario, hemos sido víctimas de la misma, tanto mineros, trabajadores, habitantes de comunidades, periodistas y contratistas, por lo que hacemos un nuevo llamado para mejorar las condiciones de seguridad en las regiones mineras.

Mantenemos una relación permanente de colaboración con las autoridades y siempre hemos dado aviso oportuno de hechos delictivos que afectan nuestras operaciones. Reiteramos nuestra total disposición para contribuir con las investigaciones correspondientes. Lo más importante es la vida de nuestros compañeros mineros.

El sector minero unido reitera la necesidad de contar con condiciones de seguridad para realizar su actividad y subraya que la violencia y la impunidad no pueden normalizarse ni aceptarse como parte del entorno operativo de ningún sector productivo. La vida debe ser una prioridad ineludible.